21-02-2019

Ángel Raúl Rodríguez

Una placa para la discordia en el Mirador de Los Andenes

Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero no deben los perdedores dejar que éstos lo hagan impunemente, sobre todo si creen en la bondad de las causas que un día defendieron.

La placa que desde el sábado dos de febrero de 2019 desde el Mirador de Los Andenes proclama al orbe la gloria imperecedera del “Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte” por llevar “cinco siglos conservando La Caldera de Taburiente” es un insulto de tal calado, al Ayuntamiento de El Paso en particular y a tantos palmeros en general, que el hecho no debería quedar sin respuesta y, por lo menos, se debe hacer constar que, a la par de la historia “oficial” que nos cuentan, existe otra con tantos fundamentos para merecer ser narrada como la que el Heredamiento ha conseguido hacer escribir en los folletos y publicaciones del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

He dejado pasar un tiempo prudencial para que reaccionaran quienes creía debían hacerlo y que, además, les compete, pero no, nada ha sucedido, nada ha sido dicho al respecto que yo sepa, y si supe después que allí, en el Mirador de Los Andenes, estaban en la foto y fuera de la foto los representantes de las instituciones públicas que un día litigaron contra las Haciendas en múltiples encontronazos jurídicos a lo largo de cinco siglos, todos —a juzgar por las apariencias— creyendo el relato histórico de las Haciendas, todos ignorando la existencia de otros relatos.

No hay que ir muy lejos en el tiempo porque en octubre de 1980 (sale publicado en El País) cinco Ayuntamientos de la Isla (Garafía, Barlovento, Puntagorda, Tijarafe, y San Andrés y Sauces) aprobaron en sus plenos una moción común, en la que solicitan al Ayuntamiento de El Paso, término municipal al que pertenece La Caldera, que paralice las obras de alumbramiento de aguas subterráneas mediante excavación de galerías que venía realizando el Heredamiento, por considerar que la actividad desarrollada era una amenaza para la conservación de los manantiales naturales de utilidad pública y un peligro para la vegetación de la zona. Menos de cuarenta años después se permite decir lo contrario y pregonarlo y exteriorizarlo a los cuatro vientos desde las cumbres de la Isla.

Mientras que en las instituciones públicas, a pesar de sus archivos y funcionarios, parece no existir una memoria ancestral que alimente a sus cargos públicos y sirva de elementos de toma de decisiones futuras, sí la tiene por el contrario el “Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte” —desde su particular interpretación e intereses—, y con ella ha trazado rutas hacia el futuro claras y nítidas: saben lo que quieren y, en estos tiempos en que la Unión Europea comienza a pesar tanto o más que los Estados que la conforman, necesitaban un reconocimiento europeo y hace ya un año consiguieron el Galardón de la Unión Europea para el Patrimonio Cultural “Premio Europa Nostra 2018”, pero eso no les basta: el reconocimiento debe salir de sus dependencias, escribirse en la piedra y ser notorio que todo lo que se ve desde el Mirador de Los Andenes existe gracias a ellos, es de ellos, y todos los poderes lo reconocen.

Aquella lucha de principios de la década de los ochenta del siglo XX de los “alcaldes del exterior” contra los “señores del interior” estaba fundamentada por una y otra parte en valores ecológicos, de amor por la Naturaleza y por “los riscos, fuentes y pinos centenarios” —empleando palabras del poeta pasense Antonio Pino Pérez, uno de los paladines del último y más famoso de los pleitos por La Caldera—, pero la realidad era muy distinta, era una lucha por apoderarse del vital recurso del agua, vaciar los unos el acuífero “Coebra II” hacia el exterior, hacia sus respectivos municipios, y los otros hacia el interior; al final todos “pincharon” en él, y los manantiales acusaron el impacto. Parecía increíble que las Haciendas pudieran emplear maquinaria de perforación desde el interior del ya Parque Nacional; el Plan Rector de Uso y Gestión incluso prohibía el uso de música en la zona de acampada. Ante el rugir de los motores en aquellos idílicos parajes, el abogado Antero Simón espetaba en el Patronato del Parque Nacional “¡Muera, pues, Beethoven, y arriba Caterpillar!”

Aún por esas fechas (principios de los ochenta del siglo XX) se vivían los coletazos del pleito entre el “Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte” contra el Ayuntamiento de El Paso, las hostilidades habían empezado cuarenta años antes cuando se detectó por parte del Consistorio de El Paso una escalada de expedientes de dominio por parte del Heredamiento hacia fincas en el interior de La Caldera que ocupó buena parte de los años cuarenta, e inscribieron aún otras catorce fincas más rematando dicho avance con la escritura de compra de la finca de Tenerra por parte del Heredamiento en el año 1947, la cual procede de la realizada por don José Alejandro Medina en 1841. Entonces esa finca sólo tenía una medida de 20 fanegadas, pero en 1947 dice tener 200, según aseveran descubrir letrados del Ayuntamiento de El Paso.

Pero el gran encontronazo comienza a finales del verano de 1950 cuando en el Ayuntamiento de El Paso toman conocimiento de que las Haciendas de Argual y Tazacorte han iniciado un expediente de dominio en el Juzgado de Instrucción de Los Llanos para inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad la finca conocida por La Caldera de Taburiente, es decir la totalidad de ella, con una cabida de 4.344 hectáreas.

Desde la fecha anterior (1950) hasta que el Supremo dicta sentencia el 9 de octubre de 1970, cinco alcaldes (Antonio Pino, Jurado Serrano, Santiago García, Vicente “Santana”, y Miguel Ángel Hernández) pasan por el Ayuntamiento de El Paso siendo dos de ellos (Antonio Pino y Santiago García) cesados por el gobernador por su particular encono de no plegarse a las exigencias del Heredamiento, y luego procesados y multados, aun cuando los procesados fueron más, también el Secretario Accidental y algunos concejales.

Para Antonio Pino el detonante principal de su procesamiento fue la demolición de la portada que las Haciendas estaban construyendo en La Cumbrecita para impedir el paso hacia el interior de La Caldera; para Santiago García fue la negativa a publicar en el tablón de anuncios el edicto del Registrador de la Propiedad por el cual Las Haciendas inscribían a su nombre La Caldera. El primero actuó en base a un expediente fundamentado en el procedimiento de paralización de obras sin licencia; el segundo en cumplimiento de un acuerdo plenario.

Impuesta la publicación del edicto en el tablón de anuncios, el pueblo se levantó para arrancarlo. Mientras junto al mismo se montó una guardia permanente, se dice que la totalidad de la Guardia Civil de la Isla estuvo concentrada en El Paso en aquellas jornadas silenciadas conocidas como “Las manifestaciones de La Caldera” de las cuales nada se encontrará en los medios de comunicación férreamente controlados por el Régimen y de las que no se conoce ni una sola prueba gráfica al ser requisada por la Guardia Civil la cámara fotográfica del único fotógrafo que se aventuró a inmortalizar las revueltas.

Aún después de la sentencia de 1970, el Ayuntamiento de El Paso mantiene o re incluye en el inventario de bienes municipales, con el nº 7 y en concepto de finca rústica, a la “Caldera de Taburiente”, y ello da lugar a nuevo pleito al negarse a retirarla por lo que, mediante recurso de apelación interpuesto por el “Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte” en sentencia del Supremo de 2 de diciembre de 1981, se le obliga a hacerlo.

Moisés R. Simancas Cruz, profesor titular de Geografía Humana, de la Universidad de La Laguna, quien ha publicado trabajos sobre la explotación del acuífero, concluye sobre estos pleitos que “el resultado final fue la privatización del 90,1% de este ámbito geográfico, quedando el resto como titularidad municipal”

Si ya esos pleitos del siglo XX están al parecer olvidados por las generaciones del siglo XXI, supongo que mucho más lo estarán los litigios del siglo XIX que ocuparon gran parte de ese siglo y en los que la Diputación Provincial actuó como una especie de mediadora entre partes: de un lado el Heredamiento, y de la otra los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de El Paso, como trasfondo la llamada “saca de aguas de Aridane” para el abastecimiento de ambos pueblos. Y podemos seguir más atrás acompañando en su actividad febril a los abogados municipales —en especial a Antero Simón— buscando argumentos en los archivos más recónditos y umbríos, o leer a Juan B. Lorenzo Rodríguez (Noticias para la Historia de La Palma) remontándonos a pleitos de los Van Dale por la “Dehesa de La Caldera” en 1580, de los Monteverde con el Cabildo, de cuya Corporación ellos mismos eran Regidores Perpetuos, y aún encuentran argumentos para conectar con La Caldera el llamado Pleito de Las Rosas en 1544 entre los Monteverde y el Consejo de la Isla.

Así que, lo que se ve desde un lado como “Cinco siglos conservando La Caldera” se ve desde el otro como “Cinco siglos apoderándose de La Caldera”; no se trata de demonizar a los señores de Argual, al Sindicato de Aguas, al Heredamiento o a las figuras que continúe adquiriendo; no se trata de santificar a Regidores, Consejo, Cabildo o Corporaciones, porque el bien y el mal están reunidos en la condición humana y, al final, ésta es una historia humana, demasiado humana por el control de un bien vital y escaso: el agua, y aún las piedras de las que brota.

Por todo ello la placa de Los Andenes sobra, perturba y molesta.

Fuente

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