11/12/2010
Yaiza Perera
Canarias espera celebrar la llegada de 2011 con un nuevo mapa territorial que incluya el mar que une a sus islas, unas aguas que el Archipiélago siente como propias pero cuyo devenir ha transcurrido hasta el momento ajeno a sus intereses.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó el pasado jueves, con el voto en contra del PP, la «Ley de aguas canarias», que dibuja un nuevo contorno perimetral para la CCAA. Éste se dibujará uniendo los puntos extremos más salientes de las islas o islotes —El Hierro, Fuerteventura, Las Palmas, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como los territorios insulares de La Graciosa, Alegranza, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste— y las aguas que queden encerradas en su interior, que pasarán a apellidarse «canarias», constituirán el «especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma.
Canarias multiplicaría así por cinco su territorio (de 7.446,95 a 36.932. 910 km2) y, si se cumplen las expectativas del Gobierno regional, se incrementarían en consecuencia la financiación autonómica y las competencias, porque tendría en esas aguas, que pasarían a ser consideradas como interiores, los mismos derechos y responsabilidades que el estatuto y la Constitución le reconocen en tierra: energía, hidrocarburos y minas, transporte marítimo, espacios naturales protegidos.
Se podría incluso crear una policía para controlar la seguridad en ese espacio marítimo, labor que ahora realiza la Guardia Civil.
Una oleada de interrogantes
«Ya no va a haber discontinuidad territorial. Canarias se convierte en una unidad, una única tierra, un único pueblo», se felicita Fernando Ríos Rull, secretario de la Presidencia de Canarias.
La situación actual, la de siempre, «es surrealista, el mar forma parte de la vida cotidiana de los canarios», asegura mientras ‘ilustra’ sus palabras con un paisaje habitual para los isleños: cada mañana, al levantarse, ve desde la ventana de su vivienda, en la capital tinerfeña, la isla de Las Palmas.
Tan cerca y tan lejos. Ríos Rull —hijo de Victoriano Ríos, ex presidente del Parlamento de Canarias, y el primero que presentó, como senador, una proposición de Ley para la delimitación de las aguas en Canarias en 2003—, concibe este avance como una «cuestión simbólica», pero también como un asunto de importancia vital para Canarias.
Existen distintas lecturas sobre la posibilidad de que la delimitación viole la Convención del Mar de la ONU.
Y ¿cuál es esa situación actual de esas aguas interinsulares? Si hoy una persona toma un barco en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con rumbo a Las Palmas —como desde cualquiera de las otras islas, salvo entre Tenerife-La Gomera o Fuerteventura-Lanzarote, que están unidas a efectos jurídicos por su cercanía— navegará durante 12 millas por el mar territorial (competencia del Estado) y luego, hasta llegar a las 12 millas más próximas a la costa de destino, se adentrará literalmente en un mar de dudas, pues ¿son éstas aguas internacionales?, ¿Zona Económica Exclusiva?
La respuesta depende de a quién se pregunte: Son «internacionales» para el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino; son «Zona Económica Exclusiva (ZEE)» para Julio Jorge Urbina, experto en Derecho Internacional; y ni lo uno ni lo otro para Ríos Rull, experto en Derecho Constitucional, quien dice: «No está del todo claro. Hay un debate abierto desde hace años». Y resume: «Digamos que el Estado tiene derecho preferente y actúa como si fuera ZEE».
Vieja reivindicación de las islas
En los últimos 30 años, los nacionalistas ya habían presentado, sin obtener resultado, hasta 40 iniciativas parlamentarias para delimitar las aguas interinsulares —la última había sido admitida a trámite por unanimidad el 4 de septiembre de 2009— y que el control de la seguridad, la protección medioambiental y los recursos pasasen a manos del Ejecutivo regional.
Se ‘completa’ así el mapa de Canarias con la última pieza del rompecabezas, una posibilidad que no es nueva, pues ya lo contemplaba desde 1978 la Ley de Zona Económica Exclusiva, pero había sido obviada por los sucesivos gobiernos, a pesar incluso del ‘recordatorio’ del Tribunal Supremo en dos sentencias, en 1992 y 2008, para que se desarrollasen los contenidos de dicha Ley.
España ha mantenido hasta este momento el trazado de líneas de base rectas entre las islas más cercanas —de Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza, La Graciosa, Montaña Blanca y Lobos—, prevista en la Ley del 8 de abril de 1967. Otros países sí han delimitado las aguas interinsulares de sus archipiélagos. Es el caso de Portugal, las islas Azores y Madeira, Dinamarca con las islas Feroe, Noruega con las islas Spitsbergen, o Ecuador con las islas Galápagos.
¿Por qué España no lo ha hecho en 30 años? «No hay una respuesta rigurosa, monolítica», explica José Segura Clavell, diputado socialista por Santa Cruz de Tenerife y buen conocedor de la materia, mientras deja caer otra serie de interrogantes: «¿Cómo es posible que la Unión Europea tenga unas políticas comunes en materia agrícola, de industria, de telecomunicaciones, y una moneda única, pero no tenga una política marítima común?». El mar, dice a modo de reproche general, es para muchos diputados «un lugar al que se va en agosto».
Interpretaciones enfrentadas sobre la Convención del Mar
Pero las aguas del nuevo mapa territorial llegan jurídicamente revueltas. Julio Jorge Urbina, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del libro ‘Controversias marítimas, intereses estatales y Derecho Internacional’ (2005), advierte que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay (Jamaica) de 1982 establece que la delimitación de las aguas que plantea ahora Canarias sólo se puede aplicar en los archipiélagos que son Estado, no en los que forman parte de un Estado. España, recuerda, firmó en 1984 esta ‘carta magna’ sobre los derechos del mar y la ratificó en 1996 sin plantear «objeción».
Ahora podría aplicarlo como un «acto unilateral en uso de su soberanía», pero esto supondría una ampliación de su ZEE y podría plantear «problemas con Marruecos y Portugal», con quien ya trata de resolver desde hace décadas sus discrepancias sobre los límites de las respectivas ZEE.
Pero a este respecto hay otra lectura posible. La que hace el Gobierno de Canarias. «También es posible aplicar esa delimitación de las aguas en territorios con plena autonomía. No hay un perjuicio internacional o nacional, no hay ninguna consecuencia perniciosa», mantiene.
Segura, ponente del Grupo Socialista en el proceso de tramitación y aprobación de la ley, defiende también la legitimación del Estado para trazar estas líneas «conforme a la normativa interna e internacional». Y su planteamiento es claro: los archipiélagos de Estado (como Canarias) sufren una «clara discriminación» porque el «régimen jurídico de sus espacios marítimos se asimila al de las islas en general». «Si es parte o forma un Estado es un hecho intrascendente. Es un todo unitario y, como tal, tiene que ser tratado», declara Segura. A su juicio, «la convención no prohíbe expresamente» esa delimitación para los Archipiélagos de Estado; por tanto, concluye, se puede aplicar.
Y el Gobierno canario espera que así sea, y que el Archipiélago cuente, antes del 31 de diciembre, con una nueva ley que ayude a dejar enterrados en su fondo los interrogantes legales y que acerque a los canarios el mar que les rodea.
Ese mar del que hace gala su escudo y que podría comenzar, si pasa sin modificaciones relevantes su próximo trámite en el Senado, a ser, además de alma, motor del Archipiélago.
Padronel 